Sandra Amaya impulsa reestructuración de la Auditoría Superior del Estado para combatir corrupción.

Durango, Dgo. – Con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y cerrar espacios a la corrupción en el ejercicio del gasto público, la diputada Sandra Amaya, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Durango.

La propuesta, respaldada por la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación, busca dotar a la Auditoría Superior del Estado (EASE) de una estructura clara, con autonomía técnica y mayor operatividad, eliminando prácticas que generan desconfianza ciudadana y favorecen el conflicto de interés.

“No se puede hablar de fiscalización efectiva si quienes deben auditar no tienen una estructura definida ni límites normativos que protejan la integridad del proceso”, señaló Amaya durante su intervención.

Entre los ejes principales de la reforma, se plantea una clasificación precisa de atribuciones entre las auditorías generales tipo “A” y tipo “B”, lo que permitirá una delimitación de funciones, asignación eficiente de responsabilidades y mejora en los procesos internos de fiscalización.

Además, la iniciativa propone eliminar la llamada “puerta giratoria”, estableciendo una prohibición expresa para que los auditores o personal técnico de la EASE puedan ofrecer asesorías o trabajar para entes fiscalizados durante su encargo y hasta cinco años después de dejar el cargo. Esta medida busca evitar que se utilice el conocimiento interno adquirido para fines privados o en beneficio de los entes revisados.

Amaya destacó que la fiscalización no puede entenderse como un proceso meramente técnico, sino como un instrumento esencial en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

La propuesta se encuentra alineada con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como con los principios de la Ley de Responsabilidades Administrativas, y responde al mandato ciudadano de reforzar la ética en el uso de los recursos públicos.

De ser aprobada, la iniciativa marcaría un paso significativo hacia la transformación del sistema de fiscalización en Durango, haciendo más transparente y confiable el manejo del dinero público.

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