Ante el incremento de delitos de alto impacto cometidos por menores de edad en la ciudad de Durango y en distintas regiones del estado, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local planteó la necesidad urgente de reformar el marco legal nacional para responder con mayor eficacia a esta problemática.
La diputada Rocío Rebollo Mendoza advirtió que los recientes casos registrados, como el homicidio de las maestras en Michoacán y otros en esta entidad, con la participación de adolescentes en homicidios y otros delitos graves, ya no pueden considerarse hechos aislados, sino parte de una tendencia que refleja una preocupante fractura social.
“Lo que estamos viendo en Durango no es menor. Son jóvenes que están siendo absorbidos por entornos de violencia y estructuras delictivas, y un sistema legal que hoy no está respondiendo con la proporcionalidad que la realidad exige”, señaló.
De acuerdo con datos del INEGI, durante 2023 se registraron más de 32 mil adolescentes imputados por delitos en México, lo que representa un aumento superior al 40% en los últimos años.
Esta tendencia también tiene eco en Durango, donde en meses recientes se han presentado casos que han generado alarma social, particularmente por la gravedad de las conductas y la edad de quienes participan en ellas.
Ante este escenario -dijo Rocío Rebollo- el Grupo Parlamentario del PRI, se propuso impulsar reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el objetivo de fortalecer las herramientas jurídicas del estado y el país, frente a delitos de alto impacto cometidos por menores de edad.
Enfatizó que “hoy el marco legal tiene limitaciones que, en ciertos casos, pueden generar percepciones de impunidad y no podemos permitir que la edad se convierta en un escudo frente a delitos que lastiman profundamente a la sociedad”, expresó.
Subrayó que esta propuesta no busca criminalizar a la juventud, sino actualizar el sistema de justicia para responder a una realidad distinta, manteniendo el enfoque garantista y el respeto a los derechos humanos.
“El objetivo es claro: proteger a las y los adolescentes, pero también garantizar justicia para las víctimas. La reinserción social sigue siendo fundamental, pero no puede estar desvinculada de la gravedad de los hechos”.
Finalmente, la legisladora lagunera reiteró que Durango no puede permanecer ajeno a esta problemática nacional, y que es momento de actuar con responsabilidad y firmeza.
