Con el objetivo de que los impuestos ecológicos se conviertan en una verdadera herramienta de justicia ambiental, asegurando que cada recurso recaudado sea aplicado de manera exclusiva, clara y transparente en el cuidado de la naturaleza, la diputada Sandra Amaya Rosales propuso reformas a la Ley de Hacienda del Estado
“Los impuestos ecológicos no deben verse como una carga fiscal, sino como un deber compartido para recuperar lo dañado, prevenir daños futuros y garantizar justicia ambiental para nuestro pueblo”, afirmó la integrante de la Coalición Parlamentaria de la Cuarta Transformación.
Al realizar la ampliación de motivos, explicó que la iniciativa plantea que los recursos derivados de este gravamen se destinen a acciones concretas como la prevención de la contaminación, restauración de ecosistemas, saneamiento de suelos y aguas, infraestructura verde, energías limpias y programas de reforestación, además de fortalecer las capacidades de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Además, destacó la importancia de establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a fin de que la ciudadanía tenga la certeza de que cada peso recaudado se traduzca en beneficios reales; aire limpio, agua segura y suelos restaurados.
Amaya Rosales, afirmó que la propuesta refleja los principios de la Cuarta Transformación, al vincular el cuidado del medio ambiente con la justicia social, recordando que quienes menos contaminan suelen ser quienes más sufren los efectos de la degradación ambiental
Finalmente, señaló que Durango enfrenta graves retos ambientales, como emisiones contaminantes, vertederos que han rebasado su capacidad, pérdida de biodiversidad y episodios críticos de calidad del aire, que afectan principalmente a las comunidades más vulnerables.
