Ante el incremento de casos de violencia familiar y de género en el estado, la diputada Sandra Amaya Rosales, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, presentó una iniciativa que busca incorporar de manera permanente la Unidad Especializada de Atención a la Violencia Familiar y de Género dentro de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Durango.
La legisladora señaló que esta medida garantizará la atención inmediata, profesional y coordinada a mujeres víctimas de violencia, evitando que su funcionamiento dependa de decisiones administrativas o presupuestales temporales.
“La protección de las mujeres no puede ser opcional. Debe consolidarse como un mandato legal permanente. Cada día sin acción es un día más de riesgo para quienes confían en que el Estado las protegerá”, afirmó.
De acuerdo con datos oficiales, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 3,806 denuncias por violencia familiar en Durango, lo que equivale a 14 casos diarios. Además, el estado ocupa el lugar número 28 a nivel nacional en feminicidios, a siete años de haberse declarado la alerta por violencia de género en 16 municipios.
Actualmente, estas unidades operan en municipios como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Canatlán y Santiago Papasquiaro, con una inversión superior a 191 mil pesos en equipamiento y mobiliario, además de personal capacitado y patrullas equipadas para atender emergencias relacionadas con violencia familiar y de género.
Amaya destacó que el objetivo de esta iniciativa, presentada por la coalición parlamentaria “Cuarta Transformación”, es extender este modelo a todos los municipios, consolidando una red integral de atención que garantice respuestas rápidas, efectivas y un acompañamiento cercano a las víctimas.
“Como presidenta de la Comisión de Seguridad, reafirmo mi compromiso con la igualdad, la justicia y una vida libre de violencia. Trabajamos por un Durango donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo, y mucho menos dentro de su propio hogar”, puntualizó la diputada.
