En el marco del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, el diputado Noel Fernández Maturino, consideró necesario garantizar entornos escolares libres de violencia en todas sus formas, ya sea física, verbal, psicológica o digital.
“Debemos fomentar e impulsar acciones para tipificar el daño y prevenir el delito, construir una convivencia donde nadie tema ser quien es, ni ser agredido por el hecho de no encajar en un grupo o solo por parecer, ante los ojos de algunos cuantos, una persona que merezca todo el desprecio, la burla y la agresión”, expresó.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, recordó datos preocupantes que muestran la magnitud del problema en México y en Durango, donde casi 19 millones de alumnos de primaria y secundaria padecen bullying; siete de cada 10 enfrentan algún tipo de violencia, y en las universidades, cuatro de cada diez estudiantes reciben insultos digitales.
Durante su pronunciamiento, enfatizó que el acoso escolar no es un juego, pues lastima el cuerpo y la mente, rompe la convivencia y se convierte en una conducta antisocial que debe ser detenida desde la ley, cuyas causas son diversas, desde el aspecto físico, el rendimiento académico y la condición socioeconómica, hasta la orientación sexual, la discapacidad o el origen étnico; pero ninguna puede justificar la violencia.
Ante este panorama, el legislador hizo un llamado para que se retome, analice y dictamine a la brevedad la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI denominada “Ley para la Convivencia Libre de Abuso y Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Durango”, que busca establecer un marco jurídico claro para prevenir, atender y sancionar el acoso escolar.
“Por las niñas que esconden lágrimas en el baño, por los niños que borran sus redes para no leer odio, por los adolescentes que merecen soñar sin miedo… la infancia no admite más espera; el cambio empieza hoy”, sostuvo el representante popular.
Explicó que la propuesta tiene como propósito tipificar conductas que dañan física y psicológicamente a los estudiantes, establecer protocolos obligatorios de prevención, detección e intervención en todos los niveles educativos, así como crear mecanismos de protección y reparación para las víctimas.
Además, plantea capacitar a docentes, directivos y personal administrativo para identificar y responder adecuadamente a los casos de acoso, e involucrar a las familias y comunidades en acciones concretas de prevención.
