La diputada Sandra Amaya Rosales propuso reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y el Código Penal del Estado, con el fin de reforzar la lucha contra uno de los delitos que más afectan a comerciantes, familias y comunidades; la extorsión y de esta manera homologar la legislación local con la federal.
“Durango no se puede quedar atrás. Si queremos proteger a nuestros comerciantes y a nuestras comunidades, debemos actualizar nuestro marco legal y dotar a nuestras instituciones de las herramientas necesarias”, afirmó a nombre del Grupo Parlamentario de Morena.
En este sentido, destacó que la aprobación reciente de la Ley General en materia de extorsión representa un avance histórico para México, pues crea un marco jurídico fuerte, moderno y uniforme para combatir el cobro de piso, las amenazas y la intimidación que afectan a miles de personas.
Explicó que la Fiscalía General del Estado contará con una Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos de Combate al Secuestro y Extorsión, con autonomía técnica y facultades para la atención, investigación, litigación y persecución de los delitos contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
Respecto a las reformas al Código Penal, se establece que quien obligue a otra persona, sin derecho, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio o causar un daño patrimonial, moral, físico o psicológico, enfrentará penas de 15 a 25 años de prisión, además de multas de 300 a 500 UMA. Este delito se perseguirá de oficio.
La diputada advirtió que la extorsión se combate con presencia, inteligencia y coordinación, pero también con leyes claras, modernas y homogéneas que cierren el paso a la impunidad. La iniciativa presentada también cumple con el artículo sexto transitorio de la Ley General en materia de extorsión, y contempla agravantes que podrían elevar las penas hasta 42 años de prisión.
“Desde Durango cerramos filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para golpear a la extorsión con todo el peso del Estado”, finalizó.
