La diputada local del PRI, Rocío Rebollo Mendoza, pidió esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y determinar si estas pudieron afectar la organización de los procesos electorales, más allá de las posibles responsabilidades administrativas.
Al fijar su postura sobre el relevo en la presidencia del organismo, la legisladora señaló que el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional abre cuestionamientos sobre su desempeño previo al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, particularmente durante los comicios locales de 2024.
Rebollo Mendoza recordó que en ese proceso representantes de partidos denunciaron presuntas alteraciones en los cómputos electorales, relacionadas con la asignación de votos que, señalaron, habrían correspondido a otras fuerzas políticas. También mencionó la denuncia penal presentada por el entonces candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, Mario Riestra Piña, contra funcionarios electorales, incluida la entonces presidenta del organismo.
No obstante, la diputada puntualizó que la presentación de una denuncia no implica que exista culpabilidad, por lo que consideró necesario conocer el avance de las investigaciones y si los señalamientos fueron esclarecidos por las autoridades competentes.
En cuanto a la propuesta de ampliar las auditorías a administraciones anteriores del INE, sostuvo que la fiscalización debe realizarse con independencia y apego a la ley, sin convertirse en una disputa política ni desviar la atención de las presuntas irregularidades que actualmente se investigan.
Advirtió que la confianza ciudadana será fundamental rumbo a las elecciones de 2027, pues los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades electorales podrían alimentar dudas sobre los resultados, incluso cuando no existan pruebas de anomalías en la votación.
Finalmente, insistió en que las investigaciones sobre contrataciones deben revisar no solo el uso de recursos públicos, sino también la integridad de la documentación electoral, la calidad de los materiales, la confiabilidad de los procedimientos y los mecanismos de seguridad, para establecer si alguna posible irregularidad tuvo consecuencias en la operación electoral.
