A fin de que los padres o madres que hayan abandonado injustificadamente a sus hijos durante su infancia no puedan exigirles posteriormente una pensión alimenticia sin que antes se analice su propio incumplimiento, el diputado Osbaldo Santillán Gómez propuso reformas al Código Civil del Estado.
¿Es justo que un padre o una madre que abandonó a sus hijos durante su infancia pueda exigirles años después que se hagan cargo de su manutención, como si nunca hubiera faltado a sus responsabilidades?, preguntó el representante del Partido Verde Ecologista de México.
Al realizar la ampliación de motivos, explicó que existen personas que crecieron sin recibir alimentos, educación, atención médica o apoyo económico de alguno de sus progenitores, y que tuvieron que salir adelante gracias al esfuerzo de sus madres, abuelos u otros familiares, mientras que quien tenía la obligación legal de cuidarlos permaneció ausente.
Por ello, la iniciativa propone que no sea exigible la obligación de proporcionar alimentos al padre o a la madre cuando se acredite que, durante la minoría de edad de sus hijas e hijos, incumplieron de manera grave, reiterada e injustificada con sus responsabilidades alimentarias, aun cuando contaban con las posibilidades materiales para hacerlo.
El diputado aclaró que esta propuesta no busca castigar la pobreza ni dejar desprotegidas a las personas adultas mayores, pues reconoció que existen circunstancias como enfermedades, desempleo, discapacidad o dificultades económicas que pueden impedir a un padre o una madre cumplir con sus obligaciones.
En ese sentido, destacó que debe existir una diferencia entre quienes no pudieron cumplir por causas justificadas y quienes, teniendo las condiciones para hacerlo, decidieron abandonar sus responsabilidades. Asimismo, precisó que no bastará con que una persona manifieste haber sido abandonada, sino que deberá acreditarlo ante la autoridad jurisdiccional mediante pruebas y una resolución debidamente fundada y motivada.
Para ello, explicó que deberán analizarse las circunstancias particulares de cada caso, los antecedentes de incumplimiento, las resoluciones judiciales y la capacidad económica que tuvo el progenitor durante la infancia de sus hijos. Incluso, las inscripciones en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias podrán considerarse como elementos de prueba, sin que por sí solas determinen la resolución.
